La Ley 16/2022, de 5 de septiembre, modifica el derecho preconcursal. Así, desde dicha reforma, cualquier persona natural o jurídica que lleve a cabo una actividad empresarial o profesional podrá efectuar la comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores o solicitar directamente la homologación de un plan de reestructuración (el artículo 583 del TRLC excluye a determinado tipo de entidades y a los organismos públicos). Cabe acudir a la comunicación de apertura de negociaciones o la homologación de un plan de reestructuración cuando el deudor se encuentre en probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente o insolvencia actual.

En este nuevo marco jurídico surge la figura del experto en reestructuración que actúa como un intermediario, asiste al deudor y a los acreedores en las negociaciones y, en la elaboración del plan de reestructuración, elaborará y presentará al juez los informes exigidos por el TRLC y aquellos otros que el juez considere necesarios o convenientes.

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